Identifican más terrenos para construir viviendas

- El vicepresidente de la República, Elías Jaua, junto a voceros del Movimiento de Pobladores, Red de Inquilinos y Trabajadores Residenciales, presentaron un informe sobre los decretos con Rango, Valor y Fuerza aprobados por el Gobierno Bolivariano mediante una Ley Habilitante promulgada por el presidente Hugo Chávez y publicados ayer en Gaceta Oficial.

Jaua informó que actualmente se han identificado otros 200 terrenos en Caracas que se destinarían a la construcción de viviendas.

Declaró que en la primera jornada de inspecciones se aprobó la expropiación de seis terrenos urbanos y quedan pendientes del procedimiento otros cinco.

Los mismos están ubicados en los municipios Chacao y Baruta, parroquias La Vega, San Juan, Catedral, El Valle, Santa Teresa, municipio Sucre (Campo Rico), Carora (estado Lara) y Lecherías (Puerto La Cruz, estado Anzoátegui).

Según el balance ofrecido, se han otorgado 600 mil títulos de tierras urbanas.

El vicepresidente detalló que más de 22 complejos habitacionales inconclusos y pertenecientes a propietarios víctimas de estafa serán construidos gracias a convenios con la banca privada nacional.

Jaua indicó que la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas es una herramienta legal para la responsabilidad social de todos los actores, tanto propietarios como los inquilinos u ocupantes de cualquier modalidad de los inmuebles.

Reiteró que los derechos de los propietarios de inmuebles no serán vulnerados y que se ofrece garantía a la propiedad privada.

“La desocupación forzosa no significa vulneración a los derechos de los propietarios, sino la dignificación a las familias y la protección a las mismas. Protege a los inquilinos de los abusos de algunos propietarios, así como a estos últimos ante algún inconveniente con los arrendatarios”, expresó.

Se refirió a la Ley de Trabajadores Residenciales (conserjes) señalando que tiene como objetivo la igualdad de los derechos y condiciones de todos los ciudadanos, a través de los instrumentos legales regulados por el Ministerio del Trabajo. “Los trabajadores residenciales laborarán 8 horas como lo indica la ley y gozarán de sus derechos a estudios y recreación como cualquier empleado”, dijo.

Sobre estas nuevas normativas, el vicepresidente Ejecutivo expresó que le quita el “carácter de mercancía a la tierra y establece la visión social y de utilidad pública para quienes la ocupan”.

“Avanzamos en el rescate de la dignidad humana, de los valores humanos y de la sana convivencia que deben tener los seres humanos en una sociedad cada día más democrática como la que estamos construyendo”, manifestó Jaua.

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El objetivo es una ciudad más habitable

Juan Carlos Rodríguez, representante del Movimiento de Pobladores, dijo que buscan revertir el desequilibrio territorial causado por la actuación del mercado neoliberal y capitalista en todo el territorio nacional.

Señaló que en Caracas viven 42 habitantes por hectárea y que la meta es llevar esa capacidad a 100 para que la capital venezolana pueda tener mayor habitabilidad.

La meta es combatir la especulación del mercado inmobiliario y modificar los sistemas de créditos para adquirir viviendas y, de esta manera, toda la población podrá tener su casa.

El Ejecutivo tiene previsto construir 1.118 nuevas comunidades sociales, para ello han destinado 210 millones de bolívares fuertes.

La Ley Especial para la Dignificación de Trabajadores y Trabajadoras Residenciales beneficiará a los conserjes de más de 100 mil edificaciones en todo el país.

Dicha norma legal busca dignificar la labor de estos trabajadores.

Jaua indicó que “estas medidas fortalecen la democracia y al Poder Popular para que el pueblo viva mejor”.

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Inquilinos aportaron datos de edificios “comprables”

La identificación, ubicación e información detallada de unos 100 edificios ubicados en el Área Metropolitana de Caracas fueron aportados por los propios inquilinos de estos inmuebles, a fin de que el Gobierno Nacional iniciara las negociaciones con los propietarios para su posible adquisición en los próximos meses.

Rigel Sergent, integrante del Movimiento de Pobladores (MDP), explicó luego de una primera reunión con el vicepresidente, Elías Jaua, que “nosotros vivimos en estos edificios durante muchos años y conocemos quiénes son sus propietarios”. Agregó que poseen los documentos de cada uno de los edificios e, inclusive, saben si están solventes con sus impuestos.

“Los inquilinos son los que han llevado a cabo todo el proceso investigativo y ellos han dado el aval para que un determinado edificio entre en la negociación”, acotó.

Sergent señaló que estos 100 edificios están ubicados en los municipios Libertador, Sucre, Baruta y Chacao. Generalmente, en urbanizaciones de clase media como Bello Monte, La California, la parroquia San Pedro, El Recreo, Catedral, entre otras.

Aclaró que estos edificios, en caso de que el Estado llegue a un acuerdo con los dueños y adquiera la propiedad, serán los inquilinos los que tengan la primera opción para la compra.

Dijo que en una primera etapa el eje central de este proceso es el tema de precio o justo valor, que es lo que a la postre garantizará que los inquilinos puedan acceder a comprar los apartamentos en los cuales han vivido pagando alquiler durante años.

“Entonces, el planteamiento que estamos haciendo al Estado (a través de la Vicepresidencia), es que ellos deben ser garantes -como lo establece la Constitución- de que se va a evitar la usura y la especulación a la hora de comprar y vender”, apuntó.

Detalló que estos inmuebles poseen más de 50 años de haber sido construidos, por lo que el metro cuadrado está calculado entre 800 y mil bolívares fuertes. Es decir, un apartamento de 50 metros cuadrados debería tener un valor de entre 80 y 85 mil bolívares fuertes.

“Este mismo apartamento en el mercado capitalista lo venden en 200, 300 y hasta en 400 bolívares fuertes y es lo que queremos evitar, dijo Sergent. “El llamado es a los propietarios para que, a través del diálogo, lleguemos un acuerdo y acepten el justiprecio”, instó.

El vocero del MDP agregó que esto no es una situación totalmente rígida, dado que, dependiendo del estado y el tiempo en que fueron fabricados los edificios con opción a la venta, el precio variará.

Sergent señaló que el MDP estableció con el mismo método la ubicación, así como también calculó el valor de más de 400 edificios ubicados en Caracas y en las ciudades más importantes. Detalló que es posible que el proceso que se está realizando con los 100 primeros inmuebles de Caracas, también se implemente con el resto.

30 están ocupados

Los 30 edificios abandonados que se destinarán a las familias refugiadas organizadas en comités populares de viviendas se encuentran ubicados, en su totalidad, en el municipio Libertador, anunció el integrante del Movimiento de Pobladores, Rigel Sergent.

Aclaró que en el marco de la Ley de Emergencia de Viviendas se realizó la ocupación de estas edificaciones, a fin de estudiar todo lo relacionado con las infraestructuras.

“Este tema también lo discutimos con el vicepresidente Elías Jaua. Primero se hace la ocupación de estos inmuebles y luego hay un proceso de investigación de detalles para evaluar la capacidad que poseen los edificios para recibir familias. Posteriormente, se harían las asignaciones a las familias que se encuentran en los refugios y otras del Movimiento de Pobladores”, detalló Sergent.

En un recorrido realizado por Ciudad CCS por tres edificios, se constató que en ellos hay presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana “para evitar las invasiones”.