miércoles, 13 de octubre de 2010
El caso Agroisleña confirma la pertinencia de la expropiación socialistaAurelio Gil Beroes
Agencia Venezolana de Noticias
El oligopolio Agroisleña aplicaba incrementos de precios de hasta 250% a los fertilizantes que le suministraba la empresa estatal Pequiven para apoyar a los agricultores, y también financiaba a muchos de estos productores con tasas de interés de hasta a un 15%, utilizando el dinero de créditos del Estado que obtenía al 8%.
El presidente Chávez, al anunciar la estatización de Agroisleña en su programa dominical Aló, Presidente número 364, dijo: “Obedece a la necesidad de romper el oligopolio y la posición de dominio y competencia desleal que desarrolla la empresa en detrimento de pequeños y medianos productores”.
“El objetivo es impulsar el empleo en el campo y bajar los costos de producción”, dijo.
El Decreto presidencial que da cuenta de la decisión, el Nº 7.700 (Gaceta Oficial Nº 39.523) señala que Agroisleña “se ha constituido en un oligopolio en el mercado de insumos agrícolas y ejerce posición de dominio y competencia desleal en la producción, recepción, acondicionamiento, almacenaje, distribución y comercialización de la producción agrícola, desplazando a las pequeñas y medianas empresas de todos estos escenarios”.
Este conglomerado comercial, que con su actividad impulsaba la inflación en la producción agropecuaria, entra así en el marco de las empresas estatizadas por el Gobierno bolivariano en áreas estratégicas para el desarrollo, y también en el álgido debate sobre la propiedad privada en Venezuela y sus perspectivas.
Conviene decir que el Diccionario de la Real Academia Española (Drae) define la palabra oligopolio, como: “Concentración de la oferta de un sector industrial o comercial en un reducido número de empresas”.
El debate
La discusión del tema de la propiedad privada es enfocada desde posiciones antagónicas: por un lado, desde la perspectiva socialista que encabeza el gobierno del presidente Chávez y, por el otro, desde la óptica de la oposición de derecha, capitalista y neoliberal.
El creciente control del gobierno revolucionario de importantes áreas estratégicas que antes estaban en manos privadas, tales como ciertos procesos de la industria petrolera, la electricidad, la producción y distribución de alimentos y el insumo para las actividad agropecuaria. Así como la salud, las telecomunicaciones, industrias básicas, agua, la construcción, además de la guerra contra el latifundio, han provocado la reacción de la burguesía nacional y la de sus voceros políticos y religiosos, al igual que la de sus medios de comunicación.
Bajo el falso supuesto de que el gobierno persigue la eliminación de toda propiedad privada, han desatado una campaña dirigida a presentar al Gobierno y al Estado bolivariano como enemigos de este derecho constitucional, consagrado en el artículo 115 de la Constitución.
Se trata de un planteamiento manipulado y orientado a atemorizar al pueblo, pero exacerbado en ocasiones especiales, como ocurrió en las semanas previas a las elecciones parlamentarias del pasado 26 de septiembre.
Asegurar la soberanía
Lo primero que hay que decir sobre este asunto es que estas medidas de expropiación responden a un objetivo tan claro como legítimo: asegurar para el Estado el control de actividades vitales para la buena marcha y la seguridad del país, amenazado por factores internos y potencias extranjeras, desde el mismo momento en que el presidente Chávez asumió su cargo, en febrero de 1999.
Se busca garantizar que las actividades básicas de la nación no sean interferidas, obstaculizadas o vulneradas por factores de poder tanto internos como externos, tal como ocurrió en el sabotaje petrolero que comenzó el 2 de diciembre de 2002 y que se prolongó hasta febrero de 2003.
O cuando algunos monopolios (figura prohibida en el artículo 113 de la Constitución Nacional) con el interés de desestabilizar al gobierno desabastecían el mercado de un producto de primera necesidad para generar presiones sociales en su contra.
Otra razón fundamental
Pero en la perspectiva de la Revolución socialista, hay otra razón para estatizar o nacionalizar, y es cuando se trata de medios de producción.
Porque en el socialismo la única propiedad privada que no se promueve es esa: la de los medios de producción, y por una razón muy simple: es allí donde se explota al trabajador.
Se entiende como medio de producción el “conjunto de medios y objetos de trabajo que participan en el proceso de producción y que el hombre utiliza para crear los bienes materiales”, de acuerdo con el Diccionario de Economía Política de Borísov, Zhamín y Makárova.
Es allí, en los centros de trabajo, en las fábricas, donde se materializa la apropiación (sin pago ni reconocimiento) del valor generado por el obrero (la plusvalía), por parte del propietario capitalista. Plusvalía que éste acumulará para fortalecer su capital, mientras el trabajador, despojado del valor de su esfuerzo, regresa a su precariedad, a su miseria.
Por esa razón, la propiedad privada de los medios de producción, vale decir del capital acumulado, no está permitida en el socialismo.
La burguesía impone sus intereses
La burguesía ha sido muy hábil en imponerle al resto de la sociedad sus intereses particulares, entre otros, ese de la propiedad privada de los medios de producción.
Ha hecho ver que en el socialismo no se permite ningún tipo de propiedad privada, cuando lo que se prohíbe es propiedad privada sobre los medios de producción.
La propiedad que el socialismo impulsa
Carlos Marx y Federico Engels, autores del Manifiesto del Partido Comunista, señalan en ese documento, al referirse a la propiedad privada, lo siguiente:
“Se nos ha reprochado a los comunistas el querer abolir la propiedad personalmente adquirida, fruto del trabajo propio; esa propiedad que forma la base de toda libertad, de toda actividad, de toda independencia individual.
¡La propiedad bien adquirida, fruto del trabajo, del esfuerzo personal!“.
Obsérvese la consideración que tienen sobre la propiedad privada individual, producto del trabajo de cada individuo: “... base de toda libertad, de toda actividad y de toda independencia”.
Y preguntan: “¿Es que el trabajo asalariado, el trabajo del proletario, crea propiedad para el proletario?”
Para responder: “De ninguna manera. Lo que crea (ese trabajo asalariado) es capital, es decir, la propiedad que explota al trabajo asalariado y que no puede acrecentarse sino a condición de producir nuevo trabajo asalariado, para explotarlo a su vez”.
El capital producto social
Al referirse al capital, en el Manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels dicen: “El capital es un producto colectivo: no puede ser puesto en movimiento sino por la actividad conjunta de muchos miembros de la sociedad y, en último término, sólo por la actividad conjunta de todos los miembros de la sociedad”.
Dicen: “El capital no es, pues, una fuerza personal, sino una fuerza social”.
“En consecuencia si el capital es transformado en propiedad colectiva (nacionalizado, estatizado), perteneciendo a todos los miembros de la sociedad, no es la propiedad personal la que se transforma en propiedad social. Sólo habrá cambiado el carácter social de la propiedad. Esta perderá su carácter de clase”.
Como se entenderá, el gobierno bolivariano lo que ha hecho es nacionalizar y pasar a manos del Estado, es decir haciendo propiedad de todos, con justa indemnización, el capital acumulado, producto de la explotación del trabajador, materializado en tal o cual factoría.
Para nada actuará en contra de aquella propiedad “ bien adquirida, fruto del trabajo, del esfuerzo personal!” Y“... base de toda libertad, de toda actividad y de toda independencia”.
Como sí lo hace, precisamente, el monopolio capitalista, tragándose a toda la pequeña competencia, como ha sido el caso de la Agroisleña, que además ahogaba con su intereses y precios a los pequeños y medianos productores.
El temor de la burguesía
De regreso al Manifiesto del Partido Comunista, sus autores le dicen a la burguesía: “Os horrorizáis de que queramos abolir la propiedad privada. Pero en vuestra sociedad actual la propiedad privada está abolida para las nueve décimas partes de sus miembros.
Precisamente porque no existe para esas nueve décimas partes existe para vosotros.
Nos reprocháis pues, el querer abolir una forma de propiedad que no puede existir, sino a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea privada de propiedad”.
Fuente: http://avn.info.ve/node/21823